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Boletín de prensa 8 de febrero de 2011
EL TIEMPO
FISCALÍA ESCUCHARÁ AL GENERAL JESÚS A. CABRALES EN CASO DEL PALACIO
Será el primero en hablar de 3 altos oficiales en retiro, por la muerte del magistrado Carlos Urán.
El general Jesús Armando Cabrales fue citado por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que investiga su presunta responsabilidad en la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, durante la retoma del Palacio de Justicia.
Carlos Horacio Urán habría salido vivo del Palacio, y luego de ser asesinado su cuerpo habría sido trasladado de nuevo al edificio.
Por los mismos hechos son investigados los generales Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica, quienes también fueron citados por el fiscal que lleva el caso.
EDITORIAL: LAS 'EXTRAS' DEL CONGRESO
Es previsible que la coalición termine aprobando la carta de navegación del Ejecutivo hasta el 2014.
Con el llamado a sesiones extraordinarias a partir de ayer, el Congreso de la República adelantó en más de un mes el arranque oficial de su actividad legislativa este año. La convocatoria de la Casa de Nariño la motivan los tiempos previstos por la ley para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo e incluye nueve proyectos más.
Sin embargo, el primer asunto que el pleno del Legislativo iba a tratar ayer, la revisión de los 37 decretos expedidos bajo el estado de excepción, se frustró. La tardía radicación del Gobierno de la justificación de las medidas de emergencia impidió a la Cámara tomarse un tiempo prudencial para su estudio.
Si bien el debate parlamentario se dejó para dentro de una semana, desde ya se vislumbran dos polémicas decisiones que enfrentan al Gobierno y los parlamentarios: la venta del 10 por ciento de las acciones de Ecopetrol y la reestructuración de las corporaciones autónomas regionales (CAR).
No genera sorpresa alguna que estos dos asuntos concentren el malestar de los legisladores. La estructura de propiedad de la petrolera estatal, la empresa más grande del país, es una preocupación fiscal e ideológica para varias bancadas. En el rediseño del sistema ambiental y la fusión de las CAR se despiertan otros intereses menos filosóficos y más mundanos. Un buen número de estas entidades está en manos de maquinarias políticas regionales y constituye un activo proselitista importante para las campañas electorales de octubre próximo.
Si la agenda continúa con su programación original, ambas cámaras comenzarían esta semana el estudio del articulado del Plan de Desarrollo, 'Prosperidad para todos'. Con un aumento del monto total de inversiones de 79 billones de pesos en los cuatro años, a causa del desastre invernal, la hoja de ruta de la administración Santos costará 564 billones de pesos y se propone llevar a la economía nacional a crecer 6,2 por ciento anual, en promedio. Como con el paquete de decretos de emergencia, es previsible que la coalición gobiernista termine aprobando la carta de navegación del Ejecutivo hasta el 2014.
Otras iniciativas incluidas en la convocatoria a 'extras' prometen discusiones más agitadas. Una de ellas es la ley de víctimas y su capítulo de devolución de tierras. Después de culminar su trámite reglamentario en la cámara baja, el proyecto es recibido en la Comisión Primera del Senado con anuncios de modificaciones. Los ponentes quieren, acertadamente, mover la fecha de inicio del ejercicio de restitución hasta mediados de los años 80 y así cubrir los comienzos del paramilitarismo y la narcoviolencia.
Los senadores abordarán otros temas cruciales para el éxito de la ley, como el aparato institucional encargado de ejecutarla, así como la protección que se deberá brindar a los despojados. En la discusión reposa la calidad de los instrumentos con los que contará el Gobierno para poner en marcha una de sus promesas más audaces.
En estas cinco semanas, el Congreso podrá avanzar en otras necesidades de la Casa de Nariño, como las reformas del Código Penal y del de Adolescencia para la lucha contra la delincuencia. El estatuto anticorrupción y el código de convivencia, de aprobarse, ayudarán también a apuntalar los esfuerzos del Ejecutivo en seguridad ciudadana y en el uso transparente de los recursos públicos.
El trabajo en el Capitolio continuará en marzo con una agenda legislativa que el Ministro del Interior llamó "ambiciosa": reforma de la justicia, de la tributación y de varios regímenes territoriales. Por eso, en el 2011, el Congreso será otra vez protagonista. Falta ver que haga bien el papel que le corresponde.
CONDENAR A LOS MUERTOS
No es prudente juzgar a los muertos por el hecho de que un delito se considere imprescriptible.
El delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el juzgado segundo penal especializado de Bogotá solicitó la condena de ocho integrantes del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia, de los cuales hay certeza de la muerte de cinco de ellos. El Tribunal Superior de Bogotá ya había tomado una decisión similar al revocar una decisión de archivo de una investigación. En ambos casos se justificó continuar los procesos penales con base en la calificación de delitos investigados como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Sin embargo, el hecho de que los delitos sean imprescriptibles no quiere decir que se pueda juzgar a los muertos. Una cosa es la prescripción, que es la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo sin que se haya dictado sentencia, y otra es la muerte del investigado como una causal diferente para extinguir tal acción.
Con la calificación de un delito como imprescriptible por su gravedad, lo que se persigue es la sanción del delincuente en vida, así haya transcurrido mucho tiempo, y es una medida excepcional, pues en beneficio de la seguridad jurídica el principio general es que no puede haber delitos ni penas imprescriptibles, como está consagrado en la Constitución.
En Colombia, nuestros funcionarios han decidido darle una curiosa interpretación a lo que es un delito de lesa humanidad, generalmente impulsada, como se ha visto, por la decisión de los fiscales que tienen expedientes sobre hechos de relevancia para la opinión pública que se van a prescribir estando a su cargo.
En otros casos, se está aplicando retroactivamente el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, y que es la base jurídica para considerar cierto tipo de delitos como imprescriptibles, en el que se establece claramente que su vigencia es a partir del año 2002 y que no se aplica a delitos cometidos con anterioridad a esa fecha.
Parece que se les está dando una aplicación política a estas nuevas normas de la Justicia Penal Internacional. Los simpatizantes de la izquierda están de acuerdo en que se juzgue a los militares que participaron en la recuperación del Palacio, y los simpatizantes de derecha ripostan con la petición de condenar a los muertos.
No deja de llamar la atención la petición de condenar a los muertos. Esa facultad que la Religión enseñaba que era exclusiva de Dios hoy en este país también la ejercen los jueces terrenales, lo que conlleva un problema práctico y es el referente a la efectividad de la pena. ¿Si a un muerto lo condenan a unos años de cárcel, cómo ejecutan la pena? Y, sobre todo, ¿cómo se consiguen los fines de la pena como el de la rehabilitación del sancionado y su posterior reinserción en la sociedad?
Yo no creo que la comunidad internacional haya pensado en condenar a los muertos. No se conoce que la Corte Penal Internacional haya abierto investigación contra Hitler o contra Stalin, pero como dice el dicho "doctores tiene la Santa Madre Iglesia", y a lo mejor llegó el tiempo del Juicio Final y el fin de los tiempos como los conocemos es esta morada terrenal.
EL ESPECTADOR
DEMORA DEL GOBIERNO PARA EXPLICAR DECRETOS DE EMERGENCIA FRUSTRA INICIO DE EXTRAS
En el legislativo acusan al Gobierno de radicar con tardanza la justificación de los decretos en la Cámara.
El presidente del Senado, Armando Benedetti, explicó la demora para debatir los decretos.
Este lunes se frustró la primera jornada de las sesiones extras convocadas por el Gobierno Nacional.
En el Congreso culpan al Ejecutivo del retraso porque tan sólo a las 11 de la mañana de hoy fue radicada en la Cámara la justificación de los 37 decretos emitidos al amparo de la emergencia social, ecológica y económica luego de la difícil ola invernal.
El presidente del Senado, Armando Benedetti, dijo que con tan poco tiempo la comisión accidental de la corporación –encargada de rendir un informe– no alcanzará a presentar sus observaciones de manera “decente y loable”.
“Nos reuniremos, se convocará para la próxima semana y debe quedar claro que fue el Gobierno el que se demoró”, explicó.
Aún no son claros para el Congreso los motivos de la tardanza para radicar las justificaciones de los decretos.
Ante los decretos, en el Capitolio ya han dejado ver su malestar por los relacionados a la CAR y Ecopetrol.
DECRETOS DE CAR Y ECOPETROL GENERAN DUDAS EN EL CONGRESO
Este lunes en las sesiones extras inicia el análisis de los decretos emitidos al amparo de la emergencia, social, económica y ecológica.
El Congreso de la República en pleno abrirá en las próximas horas el debate acerca de los decretos expedidos por el Gobierno al amparo de la emergencia, social, económica y ecológica.
Como antesala a ese proceso trascendió que hay dudas entre los legisladores sobre dos de los decretos expedidos.
El senador Juan Lozano explicó que frente a ambos decretos hay unas preocupaciones grandes porque tiene que ver con el tema presupuestal.
Según él, el decreto que permite una venta adicional de un 10% de acciones de Ecopetrol ha generado “dudas” en el Congreso por el manejo de los recursos.
De otro lado, está el decreto que contempla la reestructuración de las CAR, en el cual, varios parlamentarios advierten que no hay claridad sobre el tema.
No se descarta que algunos que se pida al Gobierno la revocatoria de algunos decretos.
JESAEL GIRALDO RENUNCIA AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Adujo razones personales para abandonar el cargo, al margen del supuesto carrusel de vinculación de magistrados auxiliares.
El jurista Jesael Giraldo renunció a su cargo como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aduciendo motivos personales.
El 31 de enero de 2008, Giraldo fue sucesor de Jorge Flechas Díaz en la Presidencia de la colegiatura de manera interina, donde se desempeñó hasta enero de 2009, cuando fue reemplazado por María Mercedes López Mora.
El jurista de Casabianca, Tolima, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá y tiene especializaciones en derecho procesal y comercial.
Además de otras especializaciones en filosofía en derecho y genética forense, Giraldo obtuvo un doctorado en derecho civil de la Universidad de Zaragoza, España.
HAY 675 BOGOTANOS EN LISTA DE ESPERA PARA DONACIÓN DE ÓRGANOS
Entre enero y septiembre de 2010 se realizaron más de 260 trasplantes.
La Secretaría de Salud informó que hay 675 personas a la espera de un órgano. Para riñón hay 609, hígado 61 y corazón 5.
Según cifras suministradas por esa entidad distrital, de enero a septiembre de 2010 se realizaron 201 trasplantes de riñón, 56 de hígado, 7 de corazón y 3 combinado hígado – riñón.
El secretario de Salud, Héctor Zambrano, indicó que en donantes Bogotá registra una tasa de 22 por 1 millón de donantes, “es algo que tenemos que incrementar, sobre todo vamos a hacer un refuerzo en el sistema educativo, en campañas de divulgación y promoción de lo que es ser donante, es decir que se haga en forma altruista para mejorar la calidad de vida, porque si bien la tasa de donantes no ha crecido como lo teníamos previsto, hemos tenido un resultado importante, muy calificado, porque Bogotá está ocupando el primer lugar en la región en trasplantes”.
El proceso para donar órganos radica en la autorización de la familia, una vez se cumple con este requisito fundamental se realizan pruebas infecciosas, de viabilidad de cada uno de los órganos y tejidos y una vez se tiene esa información, la distribución se hace a través del médico modulador que determina quiénes son los receptores más compatibles. Una vez se cumpla con esto, se programan cirugías y se opera. El proceso puede tomar 10 ó 12 horas.
Los órganos no pueden guardarse y tienen que trasplantarlos a la mayor brevedad posible, para lo cual se trasladan en hielo, en soluciones estériles de preservación y cuando llegan al sitio con el receptor más compatible se trasplantan inmediatamente.
En el 2009, 481 personas salvaron y mejoraron su calidad de vida a través de un trasplante de órganos.
La Secretaría de Salud de Bogotá cuenta con 11 equipos especializados para rescate de riñones, tres para corazón y dos para hígado.
LÍOS DEL CENSO ELECTORAL
Uno de los casos más frecuentes de fraude electoral es, como lo llamó el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, el de los muertos votantes.
Las cédulas de aquellos que fallecen, pero que no cumplen trámites administrativos, quedan circulando y son utilizadas en las votaciones. En un sufragio de circunscripción nacional, los “muertos habilitados” representan un problema, y éste es aún mayor en los locales: con una participación promedio del 50% del censo electoral, los muertos votantes pueden llegar a elegir ediles y concejales. El otro lado del problema está en las exigencias que presenta para las consultas populares y demás mecanismos de participación directa, pues la permanencia de ciudadanos fallecidos en el censo electoral hace que el umbral para su aprobación sea más exigente. Con un presupuesto aprobado hasta ahora de $45.700 millones, entre 2009 y 2010 el Archivo Nacional de Identificación y el Registro Nacional de Votantes se han depurado. Aunque la tarea es larga, sólo en estos dos años se lograron procesar 1’177.154 registros de defunción.
A pesar de los logros, un ‘mico’ introducido en Ley 190 de 2010, aprobada el pasado diciembre por el Congreso, busca, según se argumenta, acelerar tal proceso. Si la Corte Constitucional, que tiene en este momento el texto en consideración, lo declara exequible, el censo electoral quedaría conformado por el número de cédulas de las personas que votaron en las elecciones anteriores, más las cédulas recién expedidas, más quienes se inscriban dos meses antes del sufragio. De esta manera, el censo electoral pasaría, según el registrador nacional, de cerca de 30 millones a 15 millones de votantes habilitados de un solo tajo. Esta depuración, si bien no eliminaría a los muertos votantes, o por lo menos no los que votaron las elecciones pasadas, lo haría, según sus defensores, en un futuro y, en el presente, se eliminaría el desperdicio de tarjetones producto del alto abstencionismo.
La sandez del argumento es evidenciada por el registrador nacional, quien enfatiza que tal proyecto, en el que se pretende inscribir a los nuevos votantes en “lápiz y papel”, no sólo tiene poco de ecológico, sino además, en su precariedad tecnológica, le abriría la puerta a otra larga lista de fraudes. La iniciativa parece, por ello, no dirigirse a limpiar, de una vez por todas, al censo electoral —caso en el que, de todas formas, la medida sería desproporcionada—, sino a reducir el umbral para acelerar los mecanismos de participación ciudadana y, según alega el Polo Democrático, a sesgar los resultados de las elecciones.
Aunque no es muy claro que la mayoría que eligió al actual mandatario sea fiel seguidora del Partido de la U, sí habría una desventaja para los demás partidos, en especial para los de la oposición y, más problemático aún, se abriría la vía a las formas de democracia directa, tema delicado y de no poca monta, que merece por lo menos una discusión que no obtuvo el controvertido artículo 45, que no pasó por los debates de las dos cámaras, sino que fue introducido, muy en silencio, durante la conciliación. También merece debate la negación, sin más, del valor político de la abstención. Si bien mucho se ha debatido sobre el uso del voto en blanco, ésta sigue siendo una forma de deslegitimar el proceso electoral. Eliminar del siguiente sufragio a quienes no participaron del pasado sería un castigo tan arbitrario como lo es el controvertido artículo. El Legislativo, en gran descuido, o mejor, en gran negligencia, lo dejó pasar. Se espera que la Corte Constitucional no haga lo mismo.
EL NUEVO SIGLO
Por William Calderón
Magistrados efímeros. El Consejo Superior de la “Jubilatura” –el mismo que ofreció acabar en su primer período el ex presidente Uribe- está dedicado al nombramiento de magistrados express y a la carta.
En esta insólita práctica fueron nombrados el año pasado veinte magistrados que duraban en sus cargos entre treinta y noventa días para permitirles completar el tiempo de jubilación y acceder a la pensión con unas mesadas bien altas.
Modus operando. Para empezar, con un gustico de noventa días de duración, por un valor de 51 millones de pesos (o sea de 17 millones cada 30 días) diez altos jueces que --sumados solo por concepto de sueldo mensual, sin incluir la parte proporcional de vacaciones, primas y cesantía-- le costaron al fisco más de 510 millones de pesos en las seccionales disciplinarias, salieron a disfrutar de sus pensiones por cuenta de nuestra administración de justicia.
Transparencia. El magistrado Ovidio Claros, quien nunca supo qué cigarrillo se fumó en el memorable debate parlamentario con el ex ministro Fernando Londoño y que afrontó una demanda por inasistencia alimentaria, tiene a su haber tres magistrados auxiliares, “claro” que en el 2010 nombró ocho, de los cuales cuatro trabajaron por períodos muy cortos.
Fugaces. El magistrado Henry Villarraga, “El Diablo”, cofundador de la sociedad “Procesos Electorales”, presentada por El Espectador como “la olla podrida de nuestro sistema electoral”, nombró ocho magistrados auxiliares que también duraron poco tiempo, con un promedio de dos meses cada uno.
Trueque burocrático. Caracol Radio denunció que en el despacho de la magistrada Julia Emma Garzón fue nombrada Marina Escobar, hermana del magistrado José Alfredo Escobar, y el despacho del susodicho Escobar solicitó el nombramiento de una pariente de la doctora Garzón. El carrusel burocrático trasladado a las altas Cortes
REVISTA SEMANA
ADVIERTEN POSIBLES 'ERRORES' DEL GOBIERNO QUE VICIARÍAN DECRETOS DE EMERGENCIA
La plenaria, que debería estudiar los 37 decretos de emergencia, tuvo que ser pospuesta para el 15 de febrero. Las sesiones extraordinarias, que deberían empezar este lunes 7 de febrero, tuvieron su primer revés. La comisión accidental de la Cámara de Representantes, que debería pronunciarse sobre la viabilidad de los 37 decretos expedidos al amparo de la emergencia social, no pudo rendir su informe porque el gobierno envió tarde la justificación de las medidas.
Tan solo a las once de la mañana de este lunes, el gobierno radicó el documento en la Cámara. Y esta comisión, que debía rendir su informe desde la cuatro de la tarde, consideró que no contaba con tiempo suficiente para redactar un “informe decente”.
El Senado, en un gesto de solidaridad con la cámara baja, decidió posponer la rendición de su informe.
Ese quizás fue el principal argumento para posponer la plenaria del Congreso en pleno, prevista para este lunes.
Sin embargo, la decisión del Congreso también estuvo motivada por las alertas de varios parlamentarios de diferentes partidos que consideraron que la convocatoria a las sesiones especiales tendría vicios de procedimiento y que eso podría promover que la Corte Constitucional declare inexequible la emergencia y se caigan todos los alcances de las medidas decretadas por el Ejecutivo.
La senadora Maritza Martínez (La U) afirmó que el Gobierno Nacional debe corregir, de manera inmediata, los errores procedimentales durante la declaratoria y trámite del estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de evitar que se vicien todas las actuaciones surtidas con base en este mecanismo constitucional.
Según la Senadora, no se tuvo en cuenta la debida participación de las tres ramas del poder público. Igualmente, las citaciones hechas para las sesiones extraordinarias son inconstitucionales y por lo tanto no son válidas. El decreto que cita al Congreso para el día 17 de enero (038 del 12 de enero de 2011) es posterior a la citación del 7 de febrero (020 del 7 de enero de 2011).
Igualmente, hubo irregularidades en la citación de las sesiones conjuntas ya que estas no se pueden convocar para examinar los decretos, sino para otros temas definidos en el artículo 141 de la Constitución.
El senador Jorge Enrique robledo (Polo) también consideró que la convocatoria al Congreso en pleno tiene vicios constitucionales.
Para Robledo, el Gobierno y la mesa directiva del Congreso se equivocan al convocar al Congreso en pleno en sesiones extraordinarias, porque la Carta Política en ningún caso señala que se deben convocar de manera unificada las dos cámaras durante estas sesiones atípicas.
LOS PUNTOS CONTROVERSIALES DE LA LEY DE VÍCTIMAS
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Según cifras oficiales en Colombia el número de desplazados supera los 3 millones de personas, y en el proceso de Justicia y Paz la Fiscalía ha atendido entre 2006-2010 a 113 mil víctimas.
La fecha de la reparación, el costo fiscal, entre otros, serán los temas de discusión.
La ley de víctimas, que incluye un capítulo de restitución de tierras y busca convertirse en una política pública de reparación administrativa, es considerada una de las prioridades del Gobierno y de su bancada legislativa.
Pero son varios los temas que han sido motivo de controversia en su discusión. Entre ellos están: la fecha a partir de la cual se considera que una persona ha sido víctima del conflicto armado, el monto de la reparación, la institucionalidad para la aplicación de la norma, y otros. El objetivo de la reunión es que los representantes de cada partido lleguen a un consenso para que el tránsito de la norma sea más expedito en el Senado.
El problema de la fecha
El texto que salió aprobado en la Cámara consideró víctimas a las personas que han sufrido una vulneración de sus derechos por causa del conflicto, a partir de 1993. Los ponentes de la Cámara indicaron que en esa fecha el Estado reconoció la existencia de una confrontación armada con la creación de la primera Ley de Orden Público.
Sin embargo, el establecimiento de esa fecha causó controversia, pues muchas personas fueron víctimas en la década de los 80. En ese período ocurrió la toma del Palacio de Justicia; fueron asesinados y desaparecidos integrantes de la UP; la guerrilla y los paramilitares atacaron poblaciones; se presentaron masacres y varios desplazamientos, entre otras violaciones a los derechos humanos.
A propósito, el senador Juan Fernando Cristo dijo: “Reabriremos la discusión sobre la fecha a partir de la cual se debe comenzar a reparar a las víctimas”. Según indicó, en la reunión de los ponentes de hace dos semanas hubo un consenso en que la fecha se debía modificar. Sin embargo, también dijo que “hasta ahora no hemos acordado ninguna fecha para poder llegar a un consenso”.
La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, dirigida por el economista Luis Jorge Garay, elaboró un documento en el que argumenta por qué la reparación debe incluir las víctimas que lo fueron en la década de los 80. Vea el documento aquí:
En primer lugar, la Comisión menciona que en materia de desplazamiento forzado el Estado comenzó su registro oficial a partir de 1995, pero que organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento tiene registros desde 1985.
Después recuerda que la Corte Constitucional en varias de sus sentencias ha “indicado la necesidad de superar el subregistro de población desplazada”, es decir, ampliar la base de datos con la que se cuenta. En criterio de la comisión, entre la década de los 80 y 1999 no había garantías para el acceso al registro. También cita un informe que hizo la Conferencia Episcopal que señala que en 1985 había cerca de medio millón de personas desplazadas.
Además, la Comisión hizo una encuesta junto con a Universidad Nacional, con más de 10.000 familias desplazadas, que reveló que entre 1980 y 1993 fueron abandonadas o despojadas 374.012 hectáreas de tierra por causa del conflicto. Esa cifra equivale al 5,6 por ciento del total de tierras despojadas a los campesinos, según los datos arrojados por la misma encuesta, entre 1980 y julio del 2010.
Pero, como si fuera poco, la Comisión hizo un listado de 37 masacres ocurridas entre 1982 y 1992, y de varias decisiones del Estado en las que se reconoce como “actor y parte” de un conflicto armado. Esos datos, en criterio de Garay y su equipo, “permiten concluir que es necesario ampliar la barrera de acceso que representa para las víctimas el ser beneficiadas de las medidas contempladas en la futura ley”.
El problema de la plata
En junio del 2009, un proyecto de ley que también tenía el propósito de reparar a las víctimas se hundió en el Congreso ante la presión del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Desde el principio, esa administración argumentó que el proyecto no era viable por el costo fiscal que podría traer.
Ese argumento, de nuevo, ha sido invocado. Y a pesar de que el senador Cristo aduce que hay consenso para la aprobación del proyecto debido al aval del Ministerio de Hacienda, hay quienes piensan que el tema fiscal no está del todo superado.
Ese es el caso del senador de La U Roy Barreras, quien ha dicho que el Congreso no debe aprobar una norma promesera, pero inaplicable. En su criterio, el horizonte fiscal de la aplicación de la ley no está claro. El ponente de La U adujo que “la reconstrucción del país a causa de la emergencia invernal va a costar entre 10 billones y 20 billones de pesos”. Además, “se ha dicho que la reparación de las víctimas puede costar entre 25 billones y 40 billones de pesos”.
Para Cristo, esos argumentos “provienen de quienes no les gusta la ley, porque eso está avalado por el Gobierno que ha dicho que la ley es responsable fiscalmente”.
Por su parte, Garay es consciente de que la indemnización de las víctimas no se puede garantizar en montos iguales al cien por ciento de las pérdidas de los afectados por la violencia, pues el monto fiscal sería exagerado. Sin embargo, ha sostenido que el Estado no puede atarse a una regla fiscal en materia de protección de derechos, pues eso podría tener costos sociales muy altos.
El investigador también ha señalado varios aspectos de la ley aprobada en Cámara, que, a su juicio, son inconstitucionales. Entre ellos está la exclusión de conceptos como “daño emergente”, “lucro cesante” y “pérdida de bienes muebles”.
La Comisión ha señalado que para que la reparación sea integral, en el caso de los desplazados que perdieron no sólo sus tierras sino también los recursos e infraestructura que hacían posible su actividad productiva, la ley debe reconocer que esas pérdidas existieron.
En respuesta, Miguel Samper Strouss, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, argumentó que la Comisión estaba confundiendo conceptos de reparación judicial con los de reparación administrativa. Esta ley, según Samper, no tiene las pretensiones de una reparación judicial, en la que todos esos conceptos deben ser valorados por un juez.
No obstante, en una carta elaborada por Garay, él explicó que la reparación integral, independientemente de que sea administrativa o judicial, debe incluir esos conceptos a la luz de la jurisprudencia internacional, “que es vinculante”. Es decir, que los principios contenidos en los tratados internacionales hacen parte de la Constitución y, por este hecho, los estados que acogen esa normatividad, deben cumplirla. (Vea la carta de Garay aquí. )
Garay sugirió que para que el Estado pueda reparar integralmente a las víctimas, a pesar de que no tenga cómo hacerlo en el cien por ciento, los montos de las indemnizaciones deben ser proporcionales a las pérdidas, con criterios de distribución y equidad. Es decir, que si encuentra que hay poblaciones de víctimas con sus derechos más vulnerados que otras, debe atenderlas prioritariamente. También ha defendido la necesidad de que el Gobierno establezca una “tarificación” de acuerdo con la capacidad del Estado y con la valoración diferencial de los daños sufridos por las víctimas. De esta manera serían cobijadas todas las víctimas.
Otras observaciones
Según indicó el senador Cristo, otro de los temas será el de la capacidad institucional del Estado para aplicar la ley naciente. “Queremos ver qué fue lo que se aprobó en Cámara, porque da la sensación de que hay muchos comités y no hay responsabilidades directas sobre organismos del Estado”, dijo.
En ese sentido, el senador Barreras indicó que su partido insistirá en la creación de una unidad administrativa especial para el tratamiento de las víctimas. “Que tenga experticia técnica y conocimiento del tema”, dijo. También anotó que es necesario crear una nueva ley para la paz que brinde un nuevo marco normativo a futuras desmovilizaciones y así garantizar que no haya más víctimas.
El senador Barreras también dijo que abogará por la eliminación del capítulo dedicado a los desplazados, porque estos, en su criterio, ya hacen parte del cuerpo del proyecto en calidad de víctimas.
“Esta es una ley de víctimas de la violencia, y hay muchos desplazados que lo son por razones económicas o de otro orden. También hay mucho falso desplazado con casa, carro y beca. Esos no deben estar incluidos en esta ley, sino ser atendidos por Acción Social u otras instituciones”, explicó.
No obstante, según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la población desplazada es sujeto especial de protección de constitucional y requiere de una atención prioritaria y específica. Por esta razón es muy probable que la propuesta de Barreras cause controversia y genere el rechazo de algunos sectores.
Otro de los aspectos señalados por Garay sobre los visos de inconstitucionalidad del texto de la norma aprobada es que en varios de sus artículos considera que medidas de asistencia y de ayuda humanitaria, y el cubrimiento de algunos servicios, son asimilados como reparación. Garay señala siete artículos que en su criterio requieren cambios en su redacción para que no se confunda “la oferta social específica para los desplazados y las medidas diferenciales para la reparación integral”. La preocupación es válida, pues el Estado tiene el deber de garantizar el acceso a educación, salud o vivienda de toda la población, pero eso no se puede considerar parte de la reparación integral y mucho menos descontarse de los montos indemnizatorios.
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PIDEN A LA COMISIÓN DE ACUSACIÓN QUE INVESTIGUE DENUNCIAS SOBRE 'CARRUSEL DE MAGISTRADOS'
Por medio de un comunicado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura afirmó que los nombramientos de magistrados auxiliares se realizaron de acuerdo a la Constitución.
El presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, uno de los mencionados en el escándalo, señala que "los nombramientos de magistrados auxiliares han sido realizados conforme a la ley".
En el comunicado se señala que "desde el punto de vista ético y moral, los nombramientos se ajustan a los preceptos ya que la edad de los funcionarios judiciales no puede ser un impedimento para acceder a estos cargos públicos".
Este es el comunicado completo de la Judicatura:
El Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se permite informar que frente a las denuncias públicas realizadas por algunos medios de comunicación sobre los nombramientos de Magistrados Auxiliares de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estos han sido realizados conforme a la Constitución y la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, en sus artículos 127, 128, 131 - 4; y por así autorizarlo expresamente el artículo 2° de la Ley 931 de 2004.
Desde el punto de vista de ética y moralidad pública, igualmente dichos nombramientos se ajustan a los preceptos de la Ley 734 de 2002 y los artículos 153 y 154 de la Ley 270 de 1996, en tanto que la edad de los funcionarios judiciales no puede ser un impedimento para acceder a estos cargos públicos, en los cuales para realizar dichas designaciones, solo se han tenido en cuenta los méritos, calidades, experiencia y profesionalismo de cada uno de estos funcionarios, que entregaron su vida al servicio de la Rama Judicial.
En virtud de lo anterior, hemos solicitado en el día de hoy a nuestro juez natural una investigación para que examine la conducta de cada uno de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estando seguros que en ellos no se encontrará ninguna censura, que amerite un juicio de reproche penal o disciplinario.
Judicatura no responderá como corporación a denuncias por ‘carrusel de magistrados’
Por considerar que es un asunto de cada despacho, el Consejo Superior de la Judicatura manifestó que no hará un pronunciamiento de la corporación sobre las denuncias de un supuesto carrusel de cargos de algunos magistrados.
El presidente de la corporación, Angelino Lizcano, anunció la posición de la Corte en las horas de la tarde ya que tuvo que atender un requerimiento de la Casa de Nariño en un consejo de seguridad.
En las próximas horas se espera un pronunciamiento de los magistrados que han sido nombrados por participar en este ‘carrusel de cargos’.
Dentro de los despachos comprometidos está el de José Ovidio Claros, Julia Emma Garzón y Henry Villarraga.